Los floridanos que tienen antecedentes penales experimentan limitaciones significativas al ingresar a la fuerza laboral. Las regulaciones actuales contribuyen a que Florida esté clasificado como el estado que tiene el quinto requisito más oneroso para obtener licencias ocupacionales en la nación, según el Instituto de Justicia.^[1]

Florida sobrerregula las licencias profesionales

• Florida regula varias profesiones en gran medida, tal como los contratistas de instalación de paneles de yeso, las cuales no están reguladas en varios otros estados.^[2]‍

• En promedio, Florida requiere más horas de capacitación e impone tarifas más altas para llegar a reunir los requisitos para tomar los exámenes de licencia, lo que puede ser una limitación financiera para aquellas personas que han estado encarceladas y tienen una fuente de ingresos escasa o inexistente.^[3]

¿Por qué esto importa?

Muchos floridanos que tienen antecedentes penales no pueden ser parte de la economía de Florida. A nivel nacional, a los ex convictos se les paga al menos un 40 por ciento menos que a aquellas personas que no fueron encarceladas.^[4]

¿Qué políticas específicas impiden que las personas que anteriormente tuvieron alguna condena obtengan una licencia ocupacional?

Generalmente, las leyes de Florida están divididas en dos categorías principales: inhabilitación permanente y períodos de descalificación.^[5]

• ‍Inhabilitación permanente: esto se aplica a las personas que han sido condenadas por un delito grave de primer grado, un delito grave capital, un delito grave que involucre lavado de dinero, un delito grave de malversación de fondos o un delito grave directamente relacionado con el negocio de servicios financieros. Esto es independientemente de la adjudicación, las declaraciones de culpabilidad o las declaraciones de nolo contendere.‍

• Períodos de descalificación: se aplica un período de descalificación de 15 años a aquellas personas en Florida que han sido condenadas por delitos graves con depravación moral, como homicidio, hurto mayor y desfalco, perjurio, malversación, robo y emisión de cheques bancarios sin valor de menos de $500. El período de descalificación de 7 años incluye todos los delitos graves a los que no se aplica una inhabilitación permanentemente ni tienen un período de descalificación de 15 años, y todos los delitos menores que están directamente relacionados con el negocio de servicios financieros. Ejemplos: allanamiento de morada, posesión de drogas, venta de fuegos artificiales y solicitud de prostitución. 

Políticas adicionales:

• ‍Buena solvencia moral: las regulaciones de licencias de Florida contienen una cláusula de “buena solvencia moral” que otorga a las juntas de licencias una extensa habilidad discrecional para invalidar a los solicitantes que tienen antecedentes criminales por motivos de su solvencia moral.^[6]‍

• Multas y honorarios judiciales: todos los solicitantes deben abonar todas las multas relacionadas, los costos y honorarios judiciales, y la restitución que ordene el tribunal antes de que se les pueda emitir una licencia ocupacional.

¿Ha habido cambios?

• El estado no puede denegar solicitudes únicamente con base en los antecedentes penales del solicitante.

• Para ciertos tipos de delitos, as juntas no pueden considerar delitos cometidos más de cinco años antes de que se haya presentado la solicitud.

• Las agencias de licencias deben publicar una lista de delitos que descalificarían a los solicitantes debido a sus antecedentes penales en su sitio web.^[7]

¿Quiénes son las personas más afectadas?

• Las personas de la raza negra y las hispanas; en particular, los hombres de la raza negra que tienen antecedentes penales se ven afectados de manera desproporcionada por las regulaciones de licencias actuales de Florida.

• A partir de 2016, casi 1 de cada 3 floridanos que tiene una condena por delito grave y que ya había satisfecho su sentencia era de la raza negra.^[8]

• El haber estado encarcelado reduce los ingresos totales de los hombres blancos en un 2 por ciento, los de los hombres hispanos en un 6 por ciento y los de los hombres de la raza negra en un 9 por ciento.^[9]

¿Cuáles son algunas recomendaciones viables para las políticas?

La Legislatura de Florida debe adoptar las siguientes recomendaciones:

• Desarrollar e implementar mecanismos que se basen ​​en datos que minimizarían el poder discrecional de las juntas de licencias para basarse en la “buena solvencia moral” para denegar solicitudes.

• Reducir el período de inhabilitación para ciertos tipos de delitos no violentos y delitos que no estén directamente relacionados con la profesión. Por ejemplo, las leyes de Nuevo México solo permiten descalificar a los solicitantes por delitos de solvencia moral si están directamente relacionados con la licencia.

• Reducir la limitación financiera al rebajar la cantidad de horas de capacitación que se requiere y las tarifas relacionadas para todos los programas educativos técnicos que ofrece el Departamento de Correcciones, como para las profesiones de peluquería, cosmetología y contratistas de construcción.

¿Cómo ayudarían estas políticas recomendadas a Florida?

• ‍Fomentar la rehabilitación y la seguridad pública: mejorar el acceso de aquellas personas que van a ser puestas en libertad de prisión para conseguir y mantener un empleo remunerado fomentaría la rehabilitación integral y la seguridad pública.

• ‍Proporcionar beneficios fiscales: los estudios han demostrado que el acceso inmediato a las oportunidades laborales es un factor determinante para establecer si aquellas personas que fueron puestas en libertad se reintegrarán exitosamente a sus comunidades o volverán a cometer delitos que podrían resultar en que vuelvan a ser detenidos.^[10] Las personas que fueron puestas en libertad tienen menos probabilidades de cometer delitos, lo que ayudaría a reducir las tasas de delincuencia, reducir las tasas de encarcelamiento y ahorrar dinero a los contribuyentes. En el año fiscal 2017 y 2018, la población de reclusos de Florida era de 96,253 y el costo era de aproximadamente $22,000 por recluso.^[11]

Notes

^[1] Dick M. Carpenter II, et. al, License to Work: A National Study of Burdens from Occupational Licensing, 2nd Ed., Institute for Justice, at pp. 62-63. Nov. 2017 (Licencia para trabajar: un estudio nacional de las cargas derivadas de las licencias de trabajo, 2nd ed., Instituto de Justicia, en las pág. 62-63, Nov. 2017) https://ij.org/wp- content/themes/ijorg/images/ltw2/License_to_Work_2nd_Edition.pdf.

^[2] Vittorio Nastasi, Samuel R Staley, Bridging the Divide: Licensing and Recidivism, James Madison Institute, at p. 2  (Cerrar la brecha: Licencias y reincidencia, Instituto James Madison, en la pág. 2) https://www.jamesmadison.org/wp-content/uploads/2019/04/PolicyBrief_LicensingRecidivism_v02.pdf.

^[3] Ibid

^[4] Doug Hamilton and Susan K. Urahn, Collateral Cost: Incarceration’s Effect on Economic Mobility, Pew Charitable Trusts at p. 4 (Costos colaterales: el efecto del encarcelamiento en la movilidad económica, fideicomisos benéficos de Pew, en la pág. 4) https://www.pewtrusts.org/-/media/legacy/uploadedfiles/pcs_assets/2010/collateralcosts1pdf.pdf.

^[5] Division of Insurance Agent and Agency Services, Applicants with Criminal Histories, (División de servicios de agencias y agentes de seguros, solicitantes con antecedentes penales), https://myfloridacfo.com/Division/Agents/Licensure/General/PriorCrimHist.htm.

^[6] Larry Craddock, “Good Moral Character” as a Licensing Standard, Journal of the National Association of Administrative Law Judiciary (“Buen carácter moral” como norma de concesión de licencias, Revista de la asociación nacional de derecho administrativo judicial), http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1117&context=naalj.

^[7] Florida Senate (Senado de Florida) https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2019/7125

^[8] Christopher Uggen, Ryan Larson, & Sarah Shannon, 6 Million Lost Voters: State-Level Estimates of Felony Disenfranchisement, 2016, The Sentencing Project (2016), (Seis millones de votantes perdidos: estimaciones a nivel estatal de privación del derecho al voto por delitos graves, 2016, Proyecto de sentencia, 2016), https://www.sentencingproject.org/wp- content/uploads/2016/10/6-Million-Lost-Voters.pdf.

^[9] Doug Hamilton and Susan K. Urahn, Collateral Cost: Incarceration’s Effect on Economic Mobility, Pew Charitable Trusts at p. 4 (Costos colaterales: el efecto del encarcelamiento en la movilidad económica, fideicomisos benéficos de Pew, en la pág. 4) https://www.pewtrusts.org/-/media/legacy/uploadedfiles/pcs_assets/2010/collateralcosts1pdf.pdf

^[10] Nastasi, Staley

^[11] Florida Department of Corrections, 2017-2018 Annual Report, at p. 8 (Departamento de correcciones de Florida, Informe anual para 2017-2018, en la pág. 8) http://www.dc.state.fl.us/pub/annual/1718/FDC_AR2017-18.pdf.